La obstrucción como política de gobierno
David R. Dubén F.
La
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela es muy clara en cuanto a
la necesaria interdependencia, coordinación y colaboración que debe existir
entre las ramas del poder público y entre los niveles de gobierno. En teoría,
cada una de ellas cuenta con funciones y competencias bien delimitadas; sin
embargo en la práctica, eso no sucede así pues desde hace más de catorce años
existe una política de gobierno para obstaculizar y entorpecer la gestión de
los diferentes gobernantes seleccionados por elección popular, especialmente,
de aquellos que pertenecen a la corriente oposicionista.
Los
ejemplos abundan, no hay gobernador o alcalde que no sufra los efectos de la
agenda obstruccionista del ejecutivo nacional, el cual, recurre a las
diferentes instancias del poder público nacional para perturbar y poner trabas
a la ejecución de los planes y proyectos
que cada una de las administraciones
regionales o locales pretende llevar a cabo, perdiendo su autonomía e
independencia pues estas son manejadas como simples brazos ejecutores del poder
ejecutivo. Por tal motivo, observamos cómo instancias judiciales, militares, electorales,
legislativas y de contraloría generan decisiones que rompen con el equilibrio,
objetividad y equidad con que deben administrar la justicia y las leyes.
Evidentemente esto tiene un fundamento y no es otro que pretender obtener
beneficios político-electorales y acabar con los espacios ganados justamente
por la oposición aunque para ello, atenten contra los intereses de la
población, única perjudicada por tan perversa practica.
Un
caso claro de esta situación lo tenemos en el Municipio Mariño, donde
sistemáticamente se han tomado decisiones que van en contra de los intereses de
la colectividad en un afán de menoscabar el radio de acción de la
administración municipal de Alfredo Díaz y bajar los altos índices de calidad y
eficiencia de su gestión, reconocida por todos los estudios de opinión y
refrendada con la reelección en las pasados comicios municipales. El primero de
los muchos ejemplos que podríamos citar se refiere a la decisión dictada por un
tribunal que otorgo amparo judicial a un gran número de comerciantes informales
para permitirles seguir en las calles de
Porlamar, acabando con la posibilidad de ordenar y reubicar a estos
trabajadores para evitar la anarquía que existe en el centro de la ciudad. El
resultado de dicha medida fue el crecimiento exponencial del comercio informal
bajo la mirada cómplice de las fuerzas encargadas de mantener el orden público,
las cuales, contrarrestaron cualquier acción para reordenar y humanizar
los espacios abiertos de nuestra ciudad marinera.
Otro
caso emblemático fue el del Puerto de la Mar, infraestructura llamada a
convertirse en el principal motor del desarrollo y modernización de la ciudad,
el cual, como es conocido por todos, fue expropiado y convertido en una
universidad que muy poco ha contribuido al progreso y bienestar de la gran
mayoría de los porlamarenses. Igual comportamiento asumieron con el Comedor
Popular, el cual debido a los bajos beneficios que proveía a los más
necesitados, iba a dar paso a un moderno
terminal de pasajeros que permitiría controlar el complejo sistema de tráfico
vehicular y además, se convertiría en una fuente de desahogo de la economía
informal pues el proyecto contemplaba la construcción de locales comerciales
destinados a ofrecerles a los buhoneros un lugar digno para desempeñar sus
labores. Pero también esa agenda de trabas y obstáculos se observa en otros
ámbitos, especialmente cuando es necesario realizar trámites ante los entes
ministeriales de la región, cuya característica fundamental es el irrespeto a
las normas y lapsos establecidos por la
ley de procedimientos administrativos… Ahí está el Crossodromo Municipal, sin
poder ser inaugurado por esta manera de actuar..
El último de los hechos a que vamos a
referirnos es a la medida de dividir a los municipios en cuadrantes, dizque
para garantizar mayor efectividad en la seguridad. Sin embargo pareciera que
para ello no se tomaron criterios técnicos pues no se justifica que siendo
Mariño el de mayor población apenas se hayan creado diez cuadrantes mientras
que a Díaz le corresponden 11, evidenciando el sesgo de la medida debido a que
mientras las fuerzas de seguridad deben atender alrededor de 6.500 ciudadanos por
cuadrante en Díaz, en Mariño deben ser atendidas más de 10.600. Para finalizar,
solo deseamos agregar que esta conducta es propia de quienes no respetan los
intereses del pueblo, y representan un vano intento por desprestigiar a quienes
como Alfredo Díaz, cumplen una gestión exitosa, dirigida a elevar la calidad de
vida de todos por igual, sin exclusión.
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