Alcalde Alfredo Díaz juramento Defensor del Niño, Niña y adolescente en Mariño

Alcalde Alfredo Díaz juramento  Defensor del Niño, Niña y adolescente en Mariño

·         La defensoría es un espacio para aprender a solucionar conflictos a través del diálogo y la conciliación de acuerdos y compromisos

El alcalde Alfredo Díaz, juramento en su Despacho “Porlamar de mis amores” al abogado Juan José Pino, como Defensor de los Derechos y Garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Mariño.

Entre las funciones del Defensor   resaltan orientación y apoyo interdisciplinario, atención de casos que ameriten la imposición de medidas de protección, estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares asistencia jurídica  a niños, niñas y adolescentes  o sus familiares, en materias  relacionadas con esta ley, así como asistencia a niños, niñas y adolescentes en los trámites necesarios para la inscripción ante el Registro del Estado Civil y la obtención de sus documentos de identidad.

La Defensoría  forma parte del Consejo de Derecho del Niño, Niña y Adolescente del municipio Mariño que preside la abogada Tomasa Pino y  tiene sus instalaciones en el palacio Municipal ubicad en la calle Maneiro de Porlamar en horario comprendido de 8 a 3 de la tarde.

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes es un servicio de interés público que en cada municipio debe ser organizado por la Alcaldía y, de acuerdo con su población, deberá contar con más de una Defensoría y en Mariño contamos con tres Defensores en las personas  Doris Mejías, Karla González y Juan José Pino .

Juan José Pino es egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en el año 2013, tiene carrera administrativa dentro de la Alcaldía del municipio Mariño, donde se les brinda la oportunidad a todos aquellos profesionales de las distintas Universidades del país sin distingos políticos.

Señaló Pino que el servicio del Defensor lo pueden solicitar los propios niños y adolescentes, los padres o representantes  u otro familiar de origen o en dado caso de la familia sustituta, así como otro ciudadano que tenga conocimiento de una situación que afecte los derechos del niño o del adolescente.